Abogacía española, más empleo y posibilidades

La abogacía integra el grupo de las denominadas “carreras tradicionales”, que gozan de un reconocimiento social elevado y que encuentran en el ejercicio profesional una doble vertiente de trabajo tanto en la práctica privada, donde se puede conformar un bufete de abogados, como la carrera judicial, prestando servicios en el ámbito público dentro del Poder Judicial.

Pero como una de las carreras tradicionales ha enfrentado momentos de crisis y bonanza en cuanto a empleabilidad y percepción de ingresos. Sin embargo, podemos afirmar que la Abogacía se encuentra en un momento de fulgor que ha sido promovido por diversas realidades profesionales y económicas.

Actualmente existen en España 153.897 abogados matriculados, de los cuales 37.503 no están en ejercicio profesional y 116.394 sí. Siendo Madrid la provincia con mayor número de profesionales, 44.020 matriculados, con 30.130 profesionales en ejercicio, concentra junto con Barcelona 16.438 profesionales matriculados, el 40% de los abogados de todo el país.

Asistimos a un nuevo fenómeno que no sólo está dado por el éxito de la profesión sino a nuevas y peculiares características que incluyen una alta tasa de juventud entre los abogados y a un importante crecimiento de participación de la mujer dentro de la profesión.

Según un estudio que el Consejo General de la Abogacía Española ha encargado al catedrático José Juan Toharia, es patente la juventud de los profesionales que ejercen la abogacía; de hecho el 75% de los abogados son menores de 45 años y entre ellos, el 33% tienen menos de 35 años.

Así comienza el cambio del estereotipo del abogado que deja los escritorios repletos de papeles y años de experiencia por el de un joven proactivo que utiliza herramientas informáticas y que está en constante actualización y cambio.

Respecto de la equiparación de género en la profesión, el estudio determinó que el 37% de los profesionales españoles en ejercicio del Derecho son mujeres; notándose un incremento del 6% respecto a igual muestra en el año 2005. Estas abogadas forman parte del 44% de los jueces de España y el 52% de fiscales, marcando una tendencia a optar por la carrera judicial que es creciente en mujeres mientras que el hombre se vuelca a la actividad privada, donde encuentra mayor facilidad para desenvolverse laboralmente.

Si segmentamos a los profesionales menores de 35 años encontramos que el 52% son hombres mientras que el 48% restante son mujeres, lo cual determina que la participación femenina en la profesión tiene un antecedente relativamente corto que podemos aseverar con más fuerza si tomamos en cuenta que sólo el 18% de los abogados mayores de 45 años son mujeres.

Otro de los datos que destacan del estudio realizado por el Consejo General de la Abogacía Española es la fórmula para el ejercicio de la profesión, en las encuestas, el 61% de los profesionales iniciaron el ejercicio de la profesión en un despacho propio o compartido, y el 66% de los profesionales creen que se trata de la mejor manera de comenzar.

A pesar de que culturalmente se entiende al profesional del Derecho como una persona exitosa económicamente, dos tercios de los letrados dicen conocer a compañeros que pasan dificultades económicas; sin embargo, el 60% de los encuestados creen percibir ingresos acordes al de sus pares y sólo el 5% del colectivo considera estar ganando por debajo del promedio.

Pero la Abogacía, como muchas otras profesiones que permiten el ejercicio privado y la autogestión, se encuentra, en este momento, en un período de bonanza, determinado por una tendencia mundial: España es uno de los países del mundo con mayor tasa de litigiosidad.

A finales de 2007 la tasa de litigiosidad estaba muy cerca de los 200 asuntos judiciales por cada 1.000 habitantes. Este número de asuntos que ingresan en la jurisdicción en comparación con el número de habitantes es muy superior al de otros países de la Unión Europea.

Por citar algunos ejemplos, la tasa de Francia esta tasa está en torno a los 120 asuntos, en Italia 100, en Alemania 75 y el Reino Unido 50.

Según las estimaciones, la tasa de litigiosidad en España crece a un ritmo de 3% anual.

Probablemente, en un análisis pormenorizado del asunto, se concluya que España está atravesando una crisis jurídica; sin embargo, para el Abogado o estudiante de Abogacía, el dato hace crecer las expectativas de facturación por servicios profesionales.

Está claro que la abundancia de empleo será notoria en el ámbito privado y sobre todo ejercido de manera autónoma, dado que el aumento de litigiosidad crea nuevos casos por resolver que los Abogados deberán aprender a captar para mejorar su empleo.

Pero para desenvolverse de manera profesional y autónoma no sólo basta con tener un título habilitante de Licenciado en Derecho, sino que además es necesaria y obligatoria su inscripción en uno de los numerosos Colegios de Abogados que hay en toda España.

La regulación del acceso a la profesión tiene dos requisitos: la realización de un curso práctico y la superación de una evaluación final que acredite la adquisición de los conocimientos requeridos para el ejercicio de la profesión.

Los cursos necesarios para el Acceso tendrán una duración mínima de 15 meses y máximo de 24 que se computarán por medio de créditos y podrán ser organizados por las Universidades Públicas o Privadas, o por las Escuelas de Práctica Jurídica creadas por los Colegios de Abogados, que hayan sido previamente homologadas por el Consejo General de la Abogacía Española, y siempre que hayan concluido un convenio con una Universidad.

Una vez que los licenciados en Derecho han superado de forma satisfactoria deberán inscribirse en un Colegio de Abogados, y superar una evaluación que tendrá por objeto acreditar, de modo objetivo, que dispone de formación práctica suficiente para el ejercicio de la profesión de abogado, así como el conocimiento de las normas deontológicas y profesionales.

El examen tiene carácter anual y se llevará a cabo por una comisión evaluadora compuesta por representantes de los Ministerios de Justicia y Educación y Ciencia y miembros designados por el Consejo General de la Abogacía Española.

Así, el Derecho, está en creciente mejoría dado al incremento de litigiosidad pero también gracias a las grandes empresas privadas que deciden incorporar en sus departamentos de Recursos Humanos y de Administración de Empresas, abogados que asistan desde la plantilla de empleados permanentes, en vez de tercerizar en la contratación de un bufete de abogados.

Otra de las crecientes salidas laborales de los Abogados es la de trabajar como procurador de tribunales, cuya tarea es la de representar a las partes litigantes ante la Administración de Justicia, para lo que se requiere obtener un título que expide el Ministerio de Justicia, inscribirse en el colegio profesional correspondiente y depositar una fianza de cobertura de responsabilidades civiles.

Con todas estas posibilidades laborales, la Abogacía comienza un camino en asenso que mejorará la empleabilidad de los Abogados en ejercicio así como las posibilidades de salida laboral de los estudiantes de esta carrera.