Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social, recalcó ayer algunas de las líneas fundamentales de la reforma laboral que sigue siendo objeto de discusión y crítica por parte de sindicatos y partidos políticos, pero que el Gobierno mantiene adelante. Entre otros puntos básicos, la reforma recoge la intermediación del sector privado en la búsqueda de empleo. La justificación es clara: los servicios públicos de empleo, como el antiguo Inem (desde 2003 reconvertido en Servicio Público de Empleo Estatal), solo dan ocupación al 3% de parados en España, un porcentaje muy bajo y nada consolador, sobre todo si tenemos en cuenta que el número de desempleados sigue creciendo y el país tiene más de cinco millones de parados en la actualidad.
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