
El subsidio por desempleo es una prestación asistencial cuyo objeto principal es complementar la protección de la prestación de carácter contributivo en las situaciones de desempleo. La misma consta de una prestación económica y el abono a la Seguridad Social de la cotización correspondiente a las contingencias de asistencia sanitaria, protección a la familia y, en su caso, jubilación.
Así, cuando un trabajador queda desempleado, su economía familiar, la asistencia sanitaria y los aportes jubilatorios no se ven afectados.
Esta acción protectora que ejercen los Estados comprende otras acciones mucho más específicas que la mera subsistencia del trabajador en desempleo, e incluye acciones específicas de formación, perfeccionamiento, orientación, reconversión e inserción profesionales a favor de los trabajadores desempleados y aquellas otras que tenga por objeto el fomento del empleo estable.
De esta manera, además de dar sostén al desempleado, se le brindan herramientas para que consiga emplearse, por medio del perfeccionamiento o aprendizaje de un nuevo oficio que le abra las puertas, nuevamente, al mundo laboral.
Las políticas de empleo español destinan un altísimo presupuesto a políticas pasivas de empleo y el presupuesto del Servicio Público de Empleo (SPE) estatal para el 2008 es de 23.731 millones de euros de los cuales, 15.506 millones se destinan a las políticas pasivas y prestaciones, entre ellas, el pago de subsidios por desempleo.
En las políticas pasivas de empleo, el destino del dinero es casi exclusivamente para destinar a prestaciones sociales por desempleo, y, según datos del Euroíndice, España gasta 10.070 euros anuales por cada desempleado.
La duración, cantidad y cotización a la Seguridad Social está en función de la modalidad de subsidio a que se tenga derecho, existiendo de diverso tipo y según las diferentes realidades del desempleado.

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